viernes, 31 de diciembre de 2010

PARCELAS MUNICIPALES

Hace  ya un año que el actual equipo de gobierno aprobó la enajenación de siete parcelas de patrimonio municipal, en la urbanización de “la Muela”, ya entonces, nuestro grupo advirtió en reiteradas ocasiones  que el procedimiento de enajenación podría ser ilegal.
Nuestro grupo siempre señaló que la venta de estas parcelas, lejos de perseguir un fin social como exige la ley para estos casos, iba destinado únicamente a proveer de fondos al Ayuntamiento para financiar la desaforada política de gastos en que nos ha metido el PP.
Así el patrimonio del Ayuntamiento pierde este preciado suelo urbano mientras el dinero obtenido con la venta se convierte en hormigón en calles que no tienen ni una sola vivienda.
Por ello, el grupo socialista votó en contra del pliego de cláusulas en que se basaba la venta de estas parcelas. Con las cláusulas aprobadas no se podía garantizar que el suelo vendido pudiera destinarse a fines sociales  como viviendas de protección oficial o primera vivienda para jóvenes, tal y como recoge el espíritu de la ley sobre la edificación de vivienda.
Esta primera subasta quedó desierta, no hubo nadie interesado en dichas parcelas. Posteriormente se adjudicó una de las parcelas, procediéndose después a la elaboración de un nuevo pliego de condiciones en un nuevo intento de enajenación, suavizándose aún más las condiciones que se exigían a los compradores,  convirtiendo así el procedimiento de venta en una subasta pura y dura, donde el único criterio que sirve de hecho para adjudicar las parcelas  es el criterio económico, al mejor postor, desapareciendo la finalidad social que contempla la ley en la enajenación de cualquier patrimonio municipal.
Ante esta nueva situación, desde el grupo socialista presentamos un escrito de alegaciones donde les planteamos la ilegalidad en la que incurría dicho pliego al no cumplir  lo dictaminado en los artículos 124 de la ley de urbanismo de CyL y el 374 del Reglamento de Urbanismo de CYL . A este respecto se refiere la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 11 Nov. 2003, rec. 440/2001.
Que “ el 280.1 del Texto refundido de 1992, vigente y con carácter básico, señala que los bienes del patrimonio municipal del suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico.
Ante esta disyuntiva solicitábamos al Ayuntamiento que se declare no ajustado a derecho el pliego de condiciones aprobado para la enajenación de las parcelas. Desde el equipo de gobierno popular se ignoraron nuestros argumentos justificando que el dinero obtenido iba destinado a pavimentaciones, lo cual ellos interpretan como un fin social  (retorcida lectura de la ley para conseguir dinero como sea y financiar la política de inversiones del PP). De esta forma se continuó con el proceso de adjudicación sin advertir a los vecinos que participaron en la subasta de que había un recurso interpuesto. Después se adjudicó una tercera parcela por la propia junta de gobierno municipal.
Nuestro grupo municipal no puede mantenerse de brazos cruzados cuando hay una sospecha fundada de ilegalidad en el procedimiento. Seguimos pensando que se está incumpliendo la legislación de Castilla y León y por ello se tomó la decisión de poner  una denuncia en el tribunal de lo contencioso y administrativo para que sea un Juez el que decida sobre la legalidad o no de este proceso. Nosotros seguimos pensando que el único fin que tiene la enajenación de esas parcelas es el recaudatorio, para obtener fondos y  tapar  ”los agujeros” presupuestarios de su mala gestión.
En cualquier caso, nuestro recurso comienza mucho antes de que se inicie el procedimiento de adjudicación por ello los adjudicatarios, que ahora pueden sentirse perjudicados, no pueden señalar a nuestro grupo como responsable de sus contrariedades, pues estamos defendiendo los intereses del Ayuntamiento, algo que no hace el equipo del PP y, si el ayuntamiento tuviera que indemnizar a los adjudicatarios, habría que pedir responsabilidades a este equipo de gobierno, que les ocultó el recurso que afectaba a la venta y que además habría incurrido en ilegalidad a pesar de todas nuestras  advertencias.
De nuevo el grupo popular está actuando como si nuestro pueblo “fuera su cortijo” y están intentando intoxicar a la opinión pública, además de presionar a nuestro grupo municipal para que retire dicha denuncia, alegando que podemos perjudicar gravemente al Ayuntamiento. Nosotros cumplimos con nuestra obligación de control al equipo de gobierno, de mantener la legalidad y de velar por los intereses del municipio. 

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